En la enseñanza de la Historia en nuestro actual sistema educativo se impone un saber conceptual que persigue la acumulación de datos y pruebas documentales, evitando con ello la elaboración de teorías interpretativas que carezcan de un fundamento objetivo, frente a la posibilidad de un saber más competencial, basado en el constructivismo, la reflexión y el espíritu crítico.
Esta es una de las conclusiones que se recogen en la “Investigación sobre la incorporación de la Memoria Democrática al currículo escolar. Situación, retos y propuestas pedagógicas.”, elaborado por la Fundación CIVES. A pesar del avance a nivel historiográfico de otros paradigmas como la teoría crítica, en las aulas subyace el positivismo, basado en la impartición de un conocimiento teóricamente válido y, por tanto, fiable, donde predomina el estudio de la historia a través de la sucesión de acontecimientos con sus causas y consecuencias. De esta dinámica están impregnados los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.
En su análisis de la situación actual, añaden que los libros de texto no rompen con esta tónica positivista, sino que la refuerzan, abusando de estas actividades en todas las etapas educativas y facilitando un aprendizaje memorístico, muy alejado de las posibilidades de temas de estas características para la adquisición y consolidación de valores cívicos y democráticos. De hecho, el tipo de actividades que se incluyen dan la sensación al alumnado de que la Historia es algo estanco, con un único discurso válido que deben aprender y no lo que en realidad es, un saber que difícilmente resulta objetivo completamente y, lo más importante, que se encuentra en constante revisión.
Aunque ha habido mejoras en el desarrollo de la Memoria Democrática en las aulas españolas, desde la Fundación CIVES apuestan por seguir avanzando para contribuir a la formación de una ciudadanía crítica, consciente de su pasado y decidida a actuar en su presente para construir un futuro mejor. Proponen para ello alternativas de trabajo para los libros de texto actuales, como garantía de que el alumnado adquiera criterios propios bajo los principios de verdad, justicia y reparación que garanticen un presente y un futuro verdaderamente democráticos.