Contra el callar no hay castigo ni respuesta. - Miguel de Cervantes Saavedra

 
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Gestos de laicidad, expresión de un compromiso

victorino Mayoral Cortés

Gestos de laicidad, expresión de un compromiso



Por: Victorino Mayoral Cortés
Ex Diputado al Congreso
Presidente de la Fundación Cives



La laicidad del Estado ha sido el primer gesto y, por tanto, el primer mensaje que el nuevo Presidente y su Gobierno han enviado a la sociedad española con ocasión de sus respectivas tomas de posesión. En ellas la promesa de cumplir la Constitución y las leyes ha sido realizada únicamente ante el texto constitucional, sin plantear la opción de juramento ante los evangelios y el crucifijo, como hasta ahora venía siendo costumbre. Tras cuarenta años de vigencia de la Constitución de 1978, al fin hemos asistido a una toma de posesión de Gobierno puramente laica. Al fin adquiere efectividad en acto tan solemne y simbólico la literalidad de su articulo 16.3. “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”, que es lo mismo que decir que el Estado no tiene religión oficial, que no es confesional, y si es laico. Por tanto, ninguna autoridad o servidor publico del Estado, de conformidad con la neutralidad y separación inherentes a su laicidad, ha de manifestar compromiso de lealtad constitucional alguno ante símbolos confesionales.

Pero también resulta chocante que, transcurridos tantos años desde que fuese promulgada la Constitución, sea no solo noticia sino también motivo de celebración la secularización de un acto que a lo largo del actual régimen democrático se viene celebrando ante el Monarca en el Palacio de la Zarzuela. Recordamos a Suarez y a todo su Consejo de Ministros jurando sus cargos de hinojos, también ante un gran crucifijo, los evangelios y el Rey. Ahora, la toma de posesión de Sánchez y sus ministras y ministros, en pie y únicamente ante la Constitución, viene a testimoniar igualmente lo que ya deberíamos saber todos, que la sociedad española se ha secularizado y que, por tanto, los gobernantes democráticos han de ajustar su comportamiento al mandato de aconfesionalidad constitucional y a los valores de libertad, pluralidad, inclusión y tolerancia de una moderna sociedad democrática.

Ha sido un vigoroso gesto de afirmación de la aconfesionalidad o laicidad del Estado que contrasta elocuentemente con el bochornoso espectáculo de la pasada Semana Santa, en el que vimos a varios ministros del Partido Popular entonando el himno de la Legión, basado en el principio de ¡ Viva la muerte!, al paso de una cofradía que portaba un Cristo crucificado. También en aquellos días, el Defensor del Pueblo, Fernández Marugán, hubo de dirigirse a la Ministra de Defensa, haciéndole constar que en un Estado aconfesional los cuarteles de las Fuerzas Armadas no deberían poner las banderas a media hasta, como expresión oficial de luto por motivos religiosos.

Con el gesto que comentamos, el nuevo Gobierno ha expresado también su compromiso de avanzar en la realización del contenido constitucional de la laicidad del Estado, progresando por el sendero de la superación de la confesionalidad fáctica residual heredada de viejas etapas históricas ya clausuradas, pero que, por la vía de los hechos, han sobrevivido por la costumbre y por la inercia en el comportamiento de la instituciones, los cargos, los servicios y servidores públicos, pero sin fundamento ni amparo legal, ni constitucional alguno. Ya se ve, por el mismo ejemplo que acaba de dar el nuevo Gobierno, como muchas de esas practicas confesionales supervivientes, a causa de la costumbre y la pereza mental, cuando no por el aprovechamiento oportunista por algunos de la expresiones publicas de los sentimientos religiosos, pueden ser modificadas sin necesidad de reforma legal alguna, ni de afectar siquiera al contenido de los Acuerdos suscritos entre el Estado Español y el Vaticano. Tal seria el caso de la asistencia “oficial” de las autoridades de todo genero a las procesiones y otros actos religiosos; la custodia “honorifica” de las mismas por parte de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Fuerzas Armadas, o la pertenencia de estas a cofradías religiosas; o el Voto a Santiago; o la condecoraciones y entregas de bastones de mando a vírgenes y santos patronales; o la monoconfesionalidad que forma parte del actual ceremonial oficial del Ejercito; o el ceremonial de funerales que organiza el mismo Estado; mas un largo etcétera que ahora no es ocasión de enumerar.

Pero, además de este conjunto de practicas confesionales sin base jurídica, existen otras cuya subsistencia se encuentra amparada por los Acuerdos suscritos en 1979 entre el Estado Español y la Santa Sede, que requieren también ser modificados para lograr la transición efectiva- ¡ tras cuarenta años!- hacia el Estado aconfesional, es decir equivalente a laico según jurisprudencia acuñada por el Tribunal Constitucional. Esta es la autentica y mas importante asignatura pendiente del actual régimen democrático, cuya implementación efectiva no puede verse condicionada por la propuesta de cooperación con todas la confesiones que se contiene también en el articulo 16.3. anteriormente mencionado. Porque la cooperación del Estado con las iglesias no es clausula derogatoria de las libertades y derechos de conciencia, y de los principios de neutralidad de los poderes públicos y de la no confusión ni mezcla entre las confesiones religiosas y el Estado.

Así pues, el gesto de laicidad del nuevo Gobierno, no es, ni puede ser, otra cosa, que la expresión de un compromiso. Un compromiso para la transición definitiva hacia un Estado laico, cuya limitación mas importante hasta la fecha se encuentra en la vigencia de los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede. Acuerdos que deben ser denunciados y profundamente revisados para la derogación de los preceptos en los que se hace mas patente la supervivencia de un estatuto privilegiado de confesionalidad, incompatible con la laicidad del Estado. Sin animo de agotar la enumeración de los muchos privilegios que se contienen en los acuerdos, es preciso citar la imprescindible superación de la enseñanza de la de Religión Católica como asignatura fundamental del currículo académico, que actualmente se incluye como parte del plan oficial de estudios; la financiación publica de la Iglesia, vinculada al presupuesto del Estado; el régimen fiscal del patrimonio inmobiliario eclesiástico; la facultad de inscripción registral del que goza la Iglesia, a semejanza de un ente publico que no es; o la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas, con la peculiar figura del Obispo Vicario Castrense, que aun ostenta el grado de Teniente General.








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