El único egoísmo aceptable es el de procurar que todos estén bien para uno estar mejor. - Jacinto Benavente

 
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Escuela laica para una sociedad democrática

Benjamín Forcano

Escuela laica para una sociedad democrática



Por: Victorino Mayoral
Revista: TEMAS


En España hay dos cuestiones que aparecen entrelazadas y sin resolver a lo largo del tiempo: la laicidad del Estado y la laicidad de la escuela. No hay más que asomarse al ilustrativo espectáculo del debate sobre la LOMCE. Una Ley que es expresiva del revisionismo revanchista de la derecha más conservadora que, en connivencia con la jerarquía eclesiástica, ha vuelto a implantar la versión más rigorista de la presencia de la Religión en la escuela. Además, se ha eliminado la asignatura de Educación para la Ciudadanía, una materia curricular común incorporada por la LOE para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el Consejo de Europa.

Por sorprendente que parezca a algunos, España se encuentra aún inmersa en un prolongado conflicto escolar que en los anales históricos de los siglos XIX y XX recibía el nombre de “Cuestión Escolar”. Una “cuestión” más de las que han aquejado a nuestro país en aspectos sustanciales para la convivencia: como la “Cuestión territorial”, la “Cuestión social y la “Cuestión religiosa”, que “es, en rigor, la implantación del laicismo de Estado con todas sus inevitables y rigurosas consecuencias” (Azaña). Podemos, pues, concluir que existen dos “cuestiones” que aparecen entrelazadas, sin resolverse a lo largo del tiempo: la laicidad del Estado y la laicidad de la escuela. Si alguien lo duda, no tiene más que asomarse al espectáculo bastante ilustrativo del debate sobre la LOMCE. Una Ley expresiva del revisionismo revanchista de la derecha más conservadora que, en connivencia con la jerarquía eclesiástica, ha vuelto a implantar la versión mas rigorista de la presencia de la Religión en la escuela y ha eliminado a su vez, tras una feroz campaña, la Educación para la Ciudadanía, asignatura curricular común incorporada por la LOE en cumplimiento de compromisos adquiridos en el Consejo de Europa, pero calificada por la Conferencia Episcopal como parte de la gran “oleada laicista” desencadenada, al parecer, por el Gobierno de Zapatero. Estos retrocesos tan intempestivos, a los cuales habría que sumar la vuelta a la separación de los escolares por sexo, basada en falsos criterios científicos encubridores de prejuicios religiosos, han sido algunos de los motivos que llevaron a toda la oposición en las Cortes a firmar un acuerdo conforme al cual la LOMCE deberá ser derogada tan pronto desaparezca la actual mayoría parlamentaria. Similares motivos existieron para que el PSOE acordase durante su ultima Conferencia Política la denuncia del Acuerdo sobre Educación suscrito en 1979 entre el Estado y la Santa Sede, rechazado en su día por el Grupo Parlamentario Socialista.

Desde la Transición la política educativa ha estado condicionada por la existencia de este conflicto, con episodios que van desde el debate sobre el artículo 27 de la Constitución, el Acuerdo sobre Educación con el Estado Vaticano, la “guerra de los catecismos”, todas las leyes orgánicas sobre educación (LODE, LOGSE, LOCE, LOECE, LOE), hasta la LOMCE antes mencionada. Casi nada ha escapado a una confrontación que no podemos contemplar desde una postura de equidistancia, porque la razón de la misma ha residido en la dura resistencia de los detentadores de los privilegios logrados antes de la restauración democrática frente a los intentos reformistas para democratizar el sistema educativo, mediante la educación de todos los alumnos –sin separación entre ellos por motivos confesionales o de sexo– en valores democráticos y la participación de la comunidad escolar en la gestión de los centros públicamente financiados, y garantizando el derecho de todos a una educación de calidad, universal y gratuita, prestada por un sólido servicio publico escolar.

Es en estos ámbitos en los que se ha desarrollado una dura confrontación ideológica, fundamentalmente alentada por quienes han pretendido blindar sus intereses particulares en el sistema educativo por procedimientos de presión sobre los gobiernos, campañas mediáticas y movilizaciones callejeras, si llegaba el caso. Esto no lo han entendido quienes atribuyen los problemas que padece nuestra educación a frecuentes cambios artificiales de legislación, arbitrariamente impulsados por los gobiernos de turno, olvidando que la dinámica de fondo es preciso buscarla en la prolongada supervivencia de la “cuestión escolar” como confrontación ideológica, de poder y de intereses, promovida para mediatizar a los poderes públicos y al interés general en ladefinición de la política educativa. Problemática compleja, no fácil de superar ni menos todavía de abordar de manera adanista, como hacen algunos ingenuos defensores progresistas del pactismo escolar. Hubo, sí, un “pacto escolar”, recogido en el artículo 27 de nuestra Constitución. El único pacto escolar difícil y realmente formalizado alguna vez entre partidarios de diferentes concepciones ideológicas sobre políticas educativas. Un éxito de la Transición que prometía un periodo de paz escolar dilatado y fructífero. Pero hoy se encuentra totalmente arruinado, debido al desprecio o a la ignorancia culposa y al afán de desquite con que la derecha conservadora y sus aliados confesionales lo abordaron durante la última legislatura socialista –en la que despreciaron todo intento de un pacto, quizás ofertado desde una ingenua percepción de la política, que debería ser evitada en el futuro– y la presente legislatura del PP, en la que el partido del Gobierno ha impuesto su ley de contrarreforma sin el más mínimo consenso. Pues su prioridad ha consistido en derribar todo lo mejor de lo construido durante los Gobiernos socialistas. Ahora, de reproducirse algún intento de pacto sobre la política educativa nacional, habría que tener en cuenta lo mucho que la sociedad española y los posibles agentes del pacto han cambiado, y siguen cambiando, en tantos aspectos desde 1978. Por lo que se refiere a la laicidad de la escuela, como la del Estado, ya no se trataría de una mera aspiración ideológica de demócratas progresistas, de una transición pendiente, sino de las necesidades actuales de una sociedad abierta y plural que ya no permite un monoculturalismo confesional hegemónico.

Como ha dicho P. Flores d’Arcais, “la democracia es laica o no es. Rigurosamente, porque es histórica, lógica y ontológicamente laica”. A esto podemos añadir la afirmación de Edgar Morin sobre la cultura europea, que “no es solamente una cultura cuyos factores más significativos –el humanismo, la razón, la ciencia– son laicos. Es, sobre todo, una cultura enteramente laicista en el sentido de que, a partir de un cierto momento, ninguna idea llega a ser totalmente sagrada o totalmente maldita para escapar al torbellino de debates, discusiones y polémicas”. Democracia laica, cultura laica, educación laica. Tales son los argumentos en los que se sustenta la laicidad del Estado y de la educación, de modo que el alcance real de la naturaleza democrática de las instituciones publicas está estrechamente relacionado con el carácter laico de la cultura y la educación que reciban los ciudadanos.



Valores laicos

A esto debemos añadir que, desde una perspectiva jurídico-constitucional, la escuela configurada a partir de valores laicos democráticos tiene espacio de realización en nuestro país, siempre que se neutralicen los privilegios que, conforme al Acuerdo sobre Educación con la Santa Sede, tiene el estatuto de la religión en el currículo oficial. A nuestro juicio, solventado dicho impedimento, la educación laica debería ser plenamente realizable en el marco de una Constitución que recoge los elementos sustanciales sobre libertades, garantías y derechos propios de un Estado laico sin religión oficial. Es sorprendente que se haya olvidado que ya por una sentencia dictada el 13 de febrero de 1981 el Tribunal Constitucional formuló el principio laico de neutralidad ideológica que deben cumplir las instituciones públicas y los centros públicos de enseñanza, porque se sitúan “En un sistema jurídico político basado en el pluralismo, la libertad ideológica y religiosa de los individuos y la aconfesionalidad del Estado”. Igualmente sorprende que se siga ignorando la jurisprudencia elaborada por el Tribunal Supremo (con ocasión de las diversas sentencias por la que rechazó la objeción de conciencia promovida por sectores eclesiásticos contrarios a la Educación para la Ciudadanía) acerca del cultivo del pluralismo, en tanto valor superior recogido por el artículo 1. 1. de nuestra Constitución, y la función educadora que sobre el mismo debe desempeñar la escuela. Un principio de laicidad constitucional ominosamente repudiado por el ministro Wert, cuando para descalificar y suprimir la asignatura de Educación para la Ciudadanía alegó que contenía cuestiones susceptibles de controversia; es decir, que facilitaba la función educadora para el ejercicio cívico del pluralismo propio del sistema democrático.

Como decía tantas veces nuestro inolvidable Luis Gómez Llorente, la escuela laica no puede ser entendida, como hace la derecha conservadora política y religiosa, como la de los no creyentes, como el laicismo tampoco es la religión de los no creyentes –como a veces dan a entender algunos sectores laicistas radicales– pues si así fuese, la escuela laica dejaría de ser auténticamente pública e integradora. La escuela será laica no solo por dejar de incorporar a su currículo la asignatura de religión; será laica por los ideales y fines que le inspiren, pues en ello residirá la dimensión moral de la escuela pública y laica. Necesitamos, pues, un programa de política educativa que incluya la denuncia del Acuerdo sobre Educación con la Santa Sede, pero que vaya mucho mas allá y permita fortalecer aquellos factores (la educación inclusiva como servicio público, la coeducación en igualdad, la pedagogía y el conocimiento curricular objetivo y científico, la libertad de cátedra, la garantía del respeto a las convicciones ideológicas de todas las familias y a la libertad de conciencia de los escolares, la exclusión de todo proselitismo, la educación ético-cívica para una convivencia en común, la participación democrática de la comunidad escolar) que faciliten el desenvolvimiento de la escuela laica que hoy requiere una sociedad española ideológica y culturalmente plural.

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