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La devaluación de los valores cívicos
La devaluación de los valores cívicos
Por: Victorino Mayoral Cortés. Presidente de la Fundación Cives.
El proyecto de Real Decreto por el
que se establece el currículo básico
de Educación Primaria supera,
al fin, la fase de incompletos borradores
hasta la fecha divulgados mediante la
web del Ministerio de Educación y pone
al descubierto con toda la plenitud de la
evidencia algunas de las mas graves
carencias de la contrarreforma educativa
promovida por los autores de la Lomce.
Especialmente, en lo que se refiere a la
asignatura de Valores Sociales y Cívicos,
cuya mera existencia se hace derivar de
las exigencias de su otra asignatura
alternativa, la clase de Religión, subordinándose
a una función de refuerzo de
la dimensión académicamente evaluable
que se quiere otorgar a la enseñanza
confesional, aplicando la interpretación
más favorable de las posibles a los
privilegios concedidos por el Acuerdo
sobre Educación suscrito en 1979 entre
el Estado español y el Vaticano.
Según el mencionado proyecto, los
Valores Sociales y Cívicos “tienen una
valía fundamental para las personas en
una sociedad democrática” y, además,
“el área de Valores Sociales y Cívicos
ayuda en gran medida a garantizar el
derecho universal de los niños a recibir
una educación que les permita desarrollarse
al máximo de sus posibilidades,
formarse en el respeto de los derechos
humanos y las libertades fundamentales
y prepararse para asumir una vida
responsable en una sociedad libre y
tolerante con las diferencias”. También,
según el proyecto de Real Decreto,
refuerza la preparación de las personas
para actuar como ciudadanos participativos
e implicados en la defensa y desarrollo
de la sociedad democrática, permite
adquirir competencias sociales y
cívicas y el estímulo de actitudes de
cooperación y solidaridad de acuerdo
con la Constitución, el respeto de los
valores universales y la toma de decisiones
basadas en principios morales, etc.
Pues bien, si es así, si es verdadera la
importancia o trascendencia que para
la convivencia en sociedad y la vigencia
del modo de vida democrático y sus instituciones
se atribuye al seguimiento por
los alumnos de la educación en Valores
Sociales y Cívicos, el currículo para
Enseñanza Primaria que pretende
implantar el gobierno conservador adolece
de una grave incoherencia, de un
importante error, de una enorme carencia,
puesto que priva de esta parte de la
educación, tan apreciada al parecer por
las autoridades académicas del Estado,
a un número importante de alumnos, ya
que solamente podrá ser recibida por
quienes no asistan a clase de Religión.
Los alumnos de Religión, por el contrario,
solamente recibirán enseñanzas
relacionadas con las doctrinas, las prácticas
y la moral de su confesión, conforme
a lo que establezca un currículo elaborado
y aprobado libremente solamente
por quienes, según el
Concordato, tienen competencia sobre
él, es decir, los obispos. Como si la formación
confesional que reciban estos
últimos alumnos tuviera alguna equiparación
–que habría que analizar si realmente
existe- con la que reciben los primeros.
O bien habría que pensar que
los alumnos asistentes a clase de
Religión pretendieran por alguien ser
puestos a cubierto de las enseñanzas
civiles y los principios seculares, por no
decir laicos, de un currículo que no es
controlado por las autoridades religiosas.
Es evidente que la Lomce, para su despliegue
y desarrollo curricular, procede a
la demolición de la ordenación académica
establecida por la LOE para la
Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos, a la que elimina,
tratando de cubrir el vacío mediante un
‘ensamblaje’ confuso en el que se
advierte la presencia de tres elementos
que se manifiestan en el currículo proyectado
para la Enseñanza Primaria. Por
una parte el proyecto de decreto alude
a una serie de “Elementos trasversales”
(Artículo 11), entre los que sorprendentemente
menciona una “educación cívica
y constitucional” que se trabajará en
todas las asignaturas, sin perjuicio de un
tratamiento especifico en alguna de
ellas. Tal era el nombre de una asignatura
de carácter residual que en los primitivos
anteproyectos de la Lomce aún
se recogían, hasta que el Gobierno se
puso de hinojos y aceptó la total desaparición
de la Educación para la
Ciudadanía exigida por la jerarquía eclesiástica.
Hoy ya se trata de una referencia
semiclandestina de la que apenas
quedan rastros en el proyecto de Real
Decreto. Algunos de los posibles contenidos
de una educación cívica tienen
por ello todavía asiento en el Área de
Ciencias Sociales, en la que se mezclan
la Geografía y la Historia con el estudio
de la empresa, la actividad empresarial.
”La educación financiera elemental”, con
la transmisión y la práctica de los valores
que favorecen la libertad, la ciudadanía
democrática, la preparación para
el ejercicio de la ciudadanía, la prevención
de la violencia de genero y de la
“violencia terrorista”.
Finalmente, en el Área de Valores
Sociales y Cívicos, donde no se incorporan
contenidos curriculares sino criterios
de evaluación, aparecen recogidos un
buen conjunto de procedimientos que
poco tienen que ver con valores éticos,
como la adquisición de habilidades
sociales y de técnicas para el fortalecimiento
de la personalidad (construir un
estilo personal, adquirir capacidades
para tomar decisiones, estructurar un
pensamiento independiente, proponerse
desafíos, emplear asertividad, trabajar
en equipo, etc.) que de manera genérica
pueden ser actualmente calificados
como “valores sociales”, aunque no cívico,
ni éticos.
Además, sorprendentemente, incorpora
también algo que resulta radicalmente
contradictorio con uno de los argumentos
que el ministro de Educación, José
ignacio Wert, utilizó para desacreditar
Educación para la Ciudadanía, porque
permitía tratar “cuestiones controvertidas”
inadecuadas para ser consideradas
en el aula. Pues bien, ahora resulta que
mediante la asignatura Valores Sociales
y Cívicos los alumnos de Enseñanza
Primaria deben ser enfrentados a la
resolución de “dilemas morales” para
detectar prejuicios relativos a las diferentes
culturas, pese a que poco se
advierte la pretensión de instruirles
sobre las diversas éticas existentes en
una sociedad plural. Igualmente se les
quiere instruir para “expresar la relevancia
de preservar los derechos de libre
expresión y opinión, libertad de pensamiento,
de conciencia y de religión….”
¿Por qué solamente para los que no
asisten a la clase de Religión?
No se deben olvidar las circunstancias
que han concurrido en la introducción
de los Valores Sociales y Cívicos en el
currículo escolar como alternativa a la
clase de Religión confesional.
Recordemos el ahínco con el que los
obispos batallaron para suprimir
Educación para la Ciudadanía y restaurar
en su plenitud los privilegios académicos
que el Concordato otorga a la enseñanza
de la religión confesional, estableciendo
una asignatura, en este caso
relacionada con “Valores”, alternativa y
evaluable con el mismo peso. Toda una
lección sobre el poder que aún mantiene
la Iglesia Católica sobre el sistema
educativo español y la política educativa
del partido conservador. Y un recordatorio
a navegantes de que el conflicto
escolar, que nuestro país arrastra, al
menos desde la ley Moyano de mediados
del siglo XIX, sigue vivo y se reactiva
siempre que las reformas educativas iniciadas
desde el poder civil soberano
afecten a intereses o privilegios confesionales
consolidados por la tradición o
mediante tratados internacionales.
La Educación para la Ciudadanía establecida
por la LOE fue acusada de intento
de adoctrinamiento desde el Estado y
de contener una carga ideológica afín a
los planteamientos del Partido
Socialista. No merece la pena que ahora
nos detengamos en demostrar que lo
que en realidad hizo el Gobierno socialista
fue cumplir un tratado internacional
e incorporar a nuestro currículo
escolar el modelo de Educación para la
Ciudadanía Democrática y los Derechos
Humanos diseñado en el marco del
Consejo de Europa y generalizado en
los países europeos. Ahora, el gobierno
conservador no solamente elimina tal
educación cívica sino que incorpora en
las Áreas de Ciencias Sociales y de
Valores Sociales y Cívicos importantes
referentes propios de su ideología neoliberal
y conservadora, detectables y
evidentes no solamente por la pretenciosa
“Educación financiera elemental”
y para el emprendimiento empresarial
que pretende inculcar en las mentes
infantiles.
Los ideólogos de FAES han añadido al
currículo de Enseñanza Primaria otros
elementos adoctrinadores que evocan
la política desarrollada durante los últimos
años por el Partido Popular en
materia de lucha antiterrorista, insistiendo
en varios momentos del despliegue
curricular en “el rechazo de la violencia
terrorista y lo que representan las víctimas
del terrorismo, la pluralidad, el respeto
al Estado de Derecho y la prevención
del terrorismo”. Partiendo de nuestro
absoluto rechazo de todo terrorismo
y expresando nuestra total solidaridad
con sus victimas, no parece adecuada
verter en un currículo para menores de
12 años los términos concretos y crudos
de una acción política, a veces
manipulada y manipuladora, puesta en
marcha por un partido político.
Este área de Valores Sociales y Cívicos,
que elude el uso de las palabras y los
concepto de Ética y Educación para la
Ciudadanía y para los Derechos
Humanos, ha sido instrumentalizada
para restaurar la vieja dicotomía curricular
que los obispos y los sectores conservadores
consiguieron implantar en el
sistema educativo español hace mas de
30 años, siendo ministro de Educación
por la UCD, el Sr. Otero Novas, que pertenecía
al selectivo grupo de la
Asociación Católica de Propagandistas
de San Pablo. Aunque no lo regule así
expresamente el Acuerdo sobre
Educación con la Santa Sede, la asignatura
de Religión habría de tener, según
la interpretación del mismo que han
conseguido imponer, una materia alternativa
igualmente evaluable académicamente.
Hoy nos encontramos, pues,
ante una vuelta al pasado. Otra vez volvemos
al reparto de alumnos por razón
de creencias. A la separación y manejo
de las comunidades escolares por motivos
confesionales. Se vuelve a intensificar
la utilización del currículo escolar
para clasificar a creyentes y no creyentes,
a fieles pertenecientes a una u otra
iglesia, o no pertenecientes a ninguna
de ellas. Se vuelve al despropósito de
privar a los alumnos creyentes de la formación
incluso en valores morales
comunes y constitucionales ya depurados
que incorpora el Área de Valores
creada por la Lomce.
¿Qué otro motivo podría esconderse
tras la desafortunada ordenación curricular
establecida por la ley de contrarreforma
en aquellos aspectos relacionados
con los intereses confesionales
acerca de la enseñanza de la Religión y
su obligada alternativa evaluable “secular”
de Valores?
El 21 de enero de 2014 el periódico
Religión digital recogía un informe elaborado
por su redacción con el título
“La clase de Religión cae en picado”.
Conforme a los datos recogidos en el
“Anuario Estadístico. Datos de la
Educación en España”, publicado
recientemente por el Ministerio, el
periódico digital sacaba las consecuencias:
“La clase de Religión se apaga.
Lentamente. Sigue siendo mayoritaria
en las primeras escalas de la educación,
pero lo cierto es que en la última
década la cifra de alumnos matriculados
en centros públicos ha caído 14
puntos en Enseñanza Primaria, 17 en
Educación Secundaria Obligatoria y 23
en Bachillerato. Un fenómeno que también
se produce en los centros privados
concertados, mayoritariamente religiosos,
que igualmente han perdido
durante la última década en asistencia
a clase de Religión un 4,2 % de alumnos
en Primaria, un 8% en Secundaria
y un 19% en Bachillerato.
Para detener semejante hemorragia
vendrá muy bien la implantación de la
reforma curricular de la Lomce ,que
impone la obligación a los escolares de
elegir, sin otra alternativa posible, entre
clase evaluable académicamente de
Religión o clase evaluable de Valores
Sociales y Cívicos. Se acabó el sistema
de libre elección, sin alternativa de asignatura
obligada a la hora de la clase de
Religión que estableció la LOE. Se
acabó la opción de tiempo libre con la
“debida atención educativa” que estableció
la ley socialista para quienes no
asistían a la enseñanza confesional.
Con semejante imperativo los alumnos
estarán obligados a estar en una clase
o en la otra. Algunos albergarán quizás
por ello la esperanza de que con esta
reducción de la libertad de elección
–que tanto reivindican para favorecer
sus intereses en la enseñanza- se incrementarán
las cifras de quienes demanden
una enseñanza que muchos han
ido abandonando voluntariamente
desde hace mas de una década.