La felicidad consiste principalmente en conformarse con la suerte; querer ser lo que uno es. - Erasmo

 
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Derecho a la Educación - Escuela pública y láica

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Desde la Fundación Cives trabajamos por defender la educación pública basada en las líneas heredadas de la Ilustración, que aún conservan su vigencia y constituyen objetivos a conquistar:

  • Enseñanza pública, común para todos los ciudadanos y ciudadanas.

  • Educación igualadora, que da trato igual a todos y todas con independencia de su fortuna o de su sexo.

  • - Educación liberadora, en el sentido, por un lado, de la preparación de la ciudadanía para el ejercicio de la libertad y, por otro, de su mancipación de aquellas cadenas que hacen al ser humano dependiente de la necesidad económica, de la carencia de instrucción y del poder ilegitimo y potestades. Sin olvidar la dimensión de la educación liberadora como formación para el ejercicio de la libertad de conciencia.

En ellas aparece un concepto clave que constituye el elemento central en la fundamentación de la educación y la escuela laica: la conciencia, el respeto a la conciencia del escolar, de los niños y niñas, que no es propiedad de la Iglesia, ni del Estado, sino sujeto de derechos fundamentales que deben ser respetados. De esto se deduce que la escuela no debe ser instrumento de adoctrinamiento religioso o partidista. Debe ser neutral y estar capacitada para la educación en valores de una ética común, en principios morales que puedan ser compartidos por todos.


Entre las batallas que se libran en el espacio de nuestro sistema educativo existen algunas que afectan a la vigencia o no del principio constitucional de laicidad. Son a las que tienen lugar sobre los siguientes ejes: la enseñanza confesional de la Religión en los centros educativos, la educación en valores ético-cívicos constitucionales, la presencia de símbolos religiosos en los centros públicos, la coeducación frente a la separación por sexos y la dialéctica derivada de la dualidad sector público-sector privado.


Si el Estado es aconfesional, o laico, como reconoce el Tribunal Constitucional, sus instituciones, servicios y centros escolares, incluidos los planes oficiales de estudios, también lo deben ser. La escuela pública no puede, ni debe, ser sometida a un uso y abuso intensivo prioritariamente orientado a la formación religiosa de los alumnos, trastocando la finalidad que justifica su existencia, transformándose en foro de formación y proselitismo de creyentes de las diferentes confesiones jurídicamente consideradas de “de notorio arraigo”, y no solo de la católica, con la carga organizativa y económica de personal docente confesional.


Una escuela así no es sostenible, ni se justifica, ya que, por otra parte, todas las confesiones tienen asegurado su derecho y libertad para la formación religiosa de sus seguidores en sus propias escuelas parroquiales, catequesis y templos. Precisamente es la pluralidad ideológica y religiosa, la secularización extensa de la sociedad actual, la multiculturalidad creciente en sociedades cada día más abiertas y globalizadas, reflejada en las comunidades escolares, una de las razones más poderosas para garantizar la neutralidad y laicidad de los centros públicos de un sistema democrático. Es la manera más racional de asegurar la libertad ideológica y de conciencia a todos por igual, sin intromisiones, exclusiones, rivalidades, ni privilegios religiosos de unos sobre otros, en un espacio reservado fundamentalmente para la educación de los ciudadanos y ciudadanas en convivencia e igualdad, como corresponde a un servicio público esencial al que todo miembro de la sociedad tiene derecho de acceso sin distinciones ni discriminaciones de ningún género.


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